POSCONFLICTO = $90 MILLONES

Los temas económicos para la construcción de la Paz y del Posconflicto no dan espera.

El gobierno dijo con propiedad que los Acuerdos de La Habana deben ser consultados con el pueblo. Recientemente consideró que lo más democrático es hacer un plebiscito diseñado para la paz que se está buscando y el Congreso Nacional aprobó una ley que lo permite, a la luz de la actual Constitución. Como las Farc dijeron que no estaban de acuerdo, el Presidente Santos manifestó que de todas maneras someterá lo acordado a consideración de la ciudadanía.

Para la guerrilla el procedimiento de refrendación debe ser una Constituyente y sus voceros explicaron que no aceptarán ningún otro medio. Se entiende que aspiran a lograr la mayor seguridad política y jurídica sobre los convenios para evitar que después no les vayan a salir “con unas cuentas cortas y otras largas”.

Gobierno y Farc tienen razón: el primero estima que la comunidad tiene derecho a opinar, a favor o en contra, sobre el asunto, y los segundos aspiran a que las conclusiones del diálogo en Cuba no se vayan a modificar, como ha ocurrido en otras latitudes.

Pero ocurre que una Constituyente no es técnicamente viable para una tarea como la planteada por las Farc, en cuanto su función es la de señalar criterios generales, esenciales claro está, sobre sociedad y Estado. Una Constituyente elabora o reforma la Carta Fundamental.

Las Farc no debieran desestimar la propuesta gubernamental. Es menos incierto que los amigos de la paz obtengan un resultado favorable sobre lo adelantado en La Habana en un Plebiscito, que convocar la aludida Constituyente sobre la que todo sería incierto, desde su integración que no sería dable en la forma corporativa como lo proponen.

Además, tiene más fuerza decisoria y vinculante una decisión popular. El pueblo es el soberano, el constituyente primario. Los miembros de una Constituyente son delegatarios derivados, un segundo orden en la escala de la vocería social. Lo que diga el pueblo, lo que defina el pueblo, solo lo podría modificar el propio pueblo. Una decisión popular elimina todo riesgo de trampa o de incumplimiento.

No es que nunca se pueda volver a hacer otra Constitución. La del 1991 fue oportuna, progresista, transformadora. Ya tiene 25 años, ha tenido más de 40 enmiendas y tantos nuevos aconteceres la están superando. El País merece un moderno y actualizado constitucionalismo. Toca esperar, eso sí, a que se concreten los Acuerdos, se aprueben popularmente y se comiencen a ejecutar. ¿Podría derogarlos la nueva Constituyente? No, porque tienen aprobación del pueblo.

Un gran acuerdo al respecto podría surgir de La Habana, con la condición de someterlo a consulta popular. Sería un segundo y último punto del Plebiscito.

La Constituyente así concebida funcionaría cinco años después del Plebiscito, o según se considere conveniente, se elegiría popularmente, y podría ocuparse de muchos de los temas que deben ponerse a tono con los nuevos tiempos. De eso se trata, de cambiar, para que la paz sea duradera. El país, para bien, puede tener Plebiscito y Constituyente

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